El dueño de Magrudis ordenó que se destruyesen numerosos documentos de la empresa durante la crisis por la listeria, una de las razones por las que la Juez que instruye el caso, ha decidido que tanto él como su hijo Sandro, permanezcan en prisión mientras se continúa con el proceso.
El dueño de Magrudis decide destruir documentos cuando comenzaron las muertes y abortos
Fue a partir del día 13 de septiembre, cuando ya se habían empezado a producir muertes y abortos por el consumo de carne contaminada con listeria, que el dueño de Magrudis tomó la decisión de empezar a destruir toda la documentación relacionada con la sociedad que lo pudiese poner en el punto de mira.
Esto se ha podido saber gracias a que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil tenía pinchado su teléfono.
Según relata la UCOMA en su informe, fue el propio José Antonio Marín el que, el día 13, llamó por teléfono a dos de sus empleados para ordenarles que procedieran a la destrucción de documentos y datos de la sociedad.
Además, también se les encomendó la tarea de deshacerse de todos aquellos productos y elementos que pudiesen estar contaminados, así como los envases, entre los que destacan unas tarrinas de las que se deshicieron.
Todas estas órdenes han quedado grabadas, y han sido escuchadas por la Juez Pilar Ordoñez.
La Juez considera que hay riesgo de fuga de José Antonio Marín y su hijo Sandro
Debido a esto y al hecho de que existe riesgo de fuga por parte de José Antonio Marín así como de su hijo Sandro, finalmente ja Juez ha decidido mantener a ambos en prisión comunicada sin fianza.
Por otra parte, la magistrada hace hincapié en que no es la primera vez que ambos han ocultado información a las autoridades sanitarias, ya que se trata de un hecho que se ha repetido en numerosas ocasiones.
El hecho de que tanto el dueño como el hijo se hayan negado a colaborar, no sólo ha puesto en riesgo la salud de más personas, sino que además, también demuestra que existe riesgo de que se siga destruyendo información relevante.
El dueño de Magrudis y su hijo, se han negado en todo momento a colaborar en el caso
Un ejemplo de ello fue la información solicitada el 14 de agosto y que se entregó incompleta.
Se trataba de una relación con los clientes y la distribución de sus productos.
Posteriormente se le hicieron nuevos requerimientos, aportando en todo momento información incompleta, dificultando así el rastreo de productos que Magrudis ponía a la venta.
El 17 de agosto, los responsables decidieron negarse de forma directa a facilitar más datos.
De hecho, en este sentido destaca que también se ocultó la marca blanca que fue posteriormente descubierta el 21 de agosto.
Otro ejemplo fue el ocultar la fabricación de productos infectados como es el caso del chorizo de Magrudis, que no se descubrió hasta el mes de julio pese a la negativa por parte de Marín a la hora de colaborar.
Por ello, se considera que en todo momento han engañado y dificultado no solo la investigación, sino la posibilidad de detectar nuevos productos que pudiesen estar contaminados, los cuales ya se encontraban en el mercado y podían ser peligrosos para los consumidores.
La Juez Pilar Ordóñez rechaza que Sandro fuese un testaferro
Por otra parte, la Juez también ha rechazado la idea que intentaba ser transmitida por el hijo, Sandro, de que era un mero testaferro.
Según intentaba transmitir, él tan sólo hacía lo que decía su padre, firmaba lo que le decía y en ningún momento tomaba decisiones con relación a la empresa y sus productos.
También afirmaba que desconocía los protocolos, algo que la juez considera que no le exime de sus responsabilidades.
Por otra parte, el propio Sandro también conocía la marca blanca desde la que se fabricaban otros productos y que se pretendía ocultar a las autoridades sanitarias.
Ordoñez considera también que Sandro tuvo la oportunidad de actuar desde el mese de febrero, introduciendo medidas tras recibir los resultados de los análisis.
Sin embargo, lo único que hizo fue tirar a la basura el lote contaminado, sin añadir medidas y precauciones.
Tampoco puso en marcha un plan para garantizar la seguridad de sus productos, ni aplicó un plan de limpieza en la fábrica, ni en definitiva, puso en marcha ningún tipo de medida.
De hecho, tampoco se lo comunicó a los trabajadores, lo cual demuestra que no hizo absolutamente nada por evitar que la situación se agravase.
El empresario se defiende culpando a terceras personas
Por su parte, el dueño de Magrudis se considera responsable pero sólo en parte.
Según recoge el auto de instrucción, considera que las culpas están repartidas «a partes iguales» con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Sevilla.
La Junta de Andalucía por no hacer inspecciones, y el Ayuntamiento de Sevilla por no haber detectado anomalías en las revisiones realizadas en 2016 y 2017.
Por su parte, el dueño de Magrudis, considera que la contaminación de la carne tuvo lugar al ser manipulada después de su fabricación, y por la falta de medidas de conservación.
También afirma que retiró el lote contaminado junto a su hijo Sandro.